Esa será la pregunta hecha por las más de 30,000 personas y sus familias que reciben en estos momentos servicios de representación legal en casos civiles por entidades como la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico y la Oficina Legal de la Comunidad. La propuesta de Trump de eliminar la principal fuente de fondos que nutren los programas de servicios legales en casos civiles, estaría negando directamente el Acceso a la Justicia a millones de ciudadanos americanos.

En un país como Puerto Rico, donde más de la mitad de la población no gana lo suficiente como para cubrir servicios legales, el efecto de los cortes propuestos por Trump serían verdaderamente devastadores para el sistema de justicia y claro, para las familias cuyos derechos se dejan desamparados. En estas circunstancias, a la cual se suman los cortes en otros tantos servicios en áreas fundamentales a la vida humana, la frase «Liberty and Justice for All» se convierte en la peor burla para la gente de escasos recursos económicos.

Insistimos en un punto neurálgico: SÍ es la responsabilidad del gobierno ayudar a costear los servicios legales de aquellos que no tienen formas para hacerlo. Esta declaración no es defensa a los intereses de la clase togada, ya que el abogado y abogada que trabajan en estas entidades sacrifican su beneficio personal. Declaramos este deber con firmeza porque el acceso a representación legal es indispensable para poder llevar con éxito reclamos ante el Sistema de Justicia establecido como uno de los tres pilares que sostiene nuestra organización política.

El Estado de Derecho mantiene al litigio adversativo y la igual protección de las leyes como los métodos necesarios para garantizar la realización de los derechos y la solución más justa de las controversias. Por lo tanto, existe el deber evidente del Estado de garantizar que todos sus ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a una igual oportunidad de participar en estos procesos.

En lo humano, se evidencia la gran mentira del presidente de los EEUU al decir que quiere «defender las familias americanas», cuando prioriza la construcción de una pared sobre la defensa de los derechos de familias pobres en sus propios tribunales. Denunciamos y rechazamos sus propuestas pues causarán el sufrimiento en carne y hueso de millones de seres humanos.

En una sociedad vacía de justicia, solo quedan las consecuencias de la agudización de la miseria, y la violencia que ello implica. Ante este sombrío panorama, instituciones como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se mantendrán firmes en su misión de promover el Acceso a la Justicia y de defender los derechos fundamentales de los grupos vulnerables de este país. Les exhortamos a todos y todas a unirse a esta importante lucha.