Historia y Misión
Las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen ayuda y representación legal a personas y comunidades indigentes sobrellevan la falta de recursos adecuados para proveer los servicios legales civiles necesarios para garantizar el acceso a la justicia en Puerto Rico. Con el fin de atender esta situación, se crea la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ), una organización sin fines de lucro creada al amparo de la Ley 165 de 2013, según enmendada. Su propulsor principal fue el Lcdo. Charles Hey Maestre (QEPD), un abogado puertorriqueño de trayectoria ejemplar que dedico su vida profesional al servicio de las personas pobres, perseguidas y más necesitadas.
La misión de la FFAJ es asegurar la disponibilidad y efectividad de los servicios legales civiles que ofrecen entidades sin fines de lucro a personas y comunidades de escasos recursos y en mayor vulnerabilidad social y económica. Para lograr este objetivo, la FFAJ administra el Fondo para el Acceso a la Justicia, el cual se nutrirá principalmente de los intereses que generen las Cuentas de Intereses en Fideicomiso para Abogados y Abogadas (cuentas CIFAA) o Interest on Lawyer Trust Accounts (IOLTA), como se conocen en Estados Unidos y Canadá. Los bufetes, abogados y abogadas en Puerto Rico utilizarán estas cuentas para depositar el dinero que les pertenecen a sus clientes dentro de una relación fiduciaria y en cumplimiento con el Código de Ética Profesional. Las cuentas generarán intereses, de los cuales se nutrirá el Fondo con el propósito de obtener una fuente permanente de ingresos y proveer recursos económicos a entidades que trabajan por el acceso a la justicia de las personas y familias menos aventajadas.
Por otro lado, la FFAJ ha logrado allegar fondos de fuentes alternas a las cuentas CIFAA, con los cuales lleva a cabo regularmente subvenciones a entidades sin fines de lucro proveedoras de servicios legales civiles, libres de costo. En el año 2016, la FFAJ inició la subvención para el programa de Prevención de Ejecuciones de Hipoteca y Desarrollo Económico-Comunitario. En el 2017, luego del paso de los huracanes Irma y María, se creó el Fondo Legal de Emergencia que subvenciona diversos proyectos de asistencia legal relacionados al desastre o emergencia. En el 2018, se crea la Beca Charles Hey Maestre que subvenciona el salario por un año a un abogado o abogada que se dedique a un proyecto de acceso a la justicia. Finalmente, en el 2019, se crea el programa Civil, Administrativo y Familia que ofrece servicios legales en material civil general.
Continuamos trabajando para cumplir nuestra visión de promover una sociedad donde se le garantice el acceso a la justicia a todas las personas en Puerto Rico, en especial a quienes sufren de mayor desventaja social y económica.
